Reformas legales para atraer y facilitar el acceso de los 14 millones de jóvenes a la vivienda.

Interesante noticia que nos aporta el periódico El País. Los promotores inmobiliarios piden reformas legales para atraer al comprador más joven.

Facilitar el acceso de los 14 millones de jóvenes a la vivienda de forma inaplazable, sobre todo al colectivo que va de 25 a 35 años y que no está comprando. Porque la demanda de reposición (propietarios que cambian a una casa mejor) se agotará en una plazo de dos años. Este es uno de los retos a los que se enfrenta el resucitado mercado inmobiliario español. Los promotores apuestan por un sector eficiente y sostenible y para ello reivindican una Ley de Suelo que cierre el paso a los «oportunistas y facilite el acceso a los profesionales, consensuada y perdurable en el tiempo». Esta es una de las peticiones lanzadas hoy por Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de promotores y contructores APCE durante su asistencia a la Conferencia Inmobiliaria, la antesala de la decimonovena edición del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, SIMA, que arranca oficialmente mañana jueves.

También ha pedido acometer una reforma fiscal que simplifique y abarate los costes de construcción, y ha recordado una vez más la urgencia de abordar la agilización urbanística, que siguen retrasando la promoción inmobiliaria en lugar de agilizarla.

Juan Fernández Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación, ha resaltado la heterogeneidad en la recuperación y los precios de la vivienda en un sector catalizado más en estos momentos por la inversión que se refleja en zonas como Madrid, Barcelona o Baleares, y que coexisten con otras áreas de crecimiento más prudente como Rioja, Navarra o País Vasco. En este sentido, el directivo de Sociedad de Tasación ha apostado por crecimientos de precios más sostenidos y moderados «que no traigan burbujas». Aceytuno ha puesto de relieve que el sector inmobiliario tiene que escuchar al cliente, y en especial al joven, cuya frontera entre el alquiler y la compra está mucho más difuminada, y al que «hay que dar lo que busca, ya sea para comprar o para alquilar».

Para conseguir el reto que se ha propuesto el sector de construir 150.000 viviendas nuevas anuales y evitar burbujas hay que abordar el problema de la financiación. “Cuando se financia al promotor el suelo sube y entonces nos vamos alejando del objetivo de la vivienda asequible. Por eso las entidades financieras deberían dar más dinero al comprador y menos al promotor”, ha señalado Francisco Javier Albéniz Lizarraga, director general de Premier España. “En Francia el ahorro medio que tiene el cliente que entra a una oficina de ventas no supera los 6.000 o 7.000 euros, el resto se lo financia el banco. En España, sin embargo, ocurre una cosa curiosa, más del 50% de los compradores los son gracias a sus padres, a la solidaridad familiar. En Madrid o Barcelona, por ejemplo, una vivienda de tres dormitorios puede rondar los 200.000 euros y el comprador tiene que conseguir 60.000 euros en dos años y ese es el problema que limita el acceso a esta vivienda, su capacidad de ahorro, lo que explica que muchas veces seamos nosotros los que no queremos hacer esa venta porque estamos convencidos de que ese cliente no va a ser financiado. La solución debería pasar porque estas personas consiguieran más del 80% de financiación de los bancos”, añade Albéniz.

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El Tribunal Constitucional extiende a toda España la anulación del impuesto de la plusvalía municipal

El Tribunal Constitucional (TC) extendió ayer a toda España la nulidad del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, abrió una vía de reclamación para los afectados de hasta 8.300 millones de euros. Interesante noticia publicada por el periódico El Mundo

En concreto, el TC aplicó a todo el Estado lo que ya había decretado para Guipúzcoa y Álava: que sólo se pagará el impuesto de plusvalía en los casos en los que, efectivamente, se haya producido un incremento del precio de la vivienda que se vende. En caso contrario, los ayuntamientos no podrán exigir el pago de este gravamen, tal y como ha ocurrido hasta ahora.

Esta figura impositiva es de gran importancia para los municipios y sólo en 2015, último año del que se tienen datos, la recaudación superó los 2.600 millones de euros. Y en los últimos cuatro años, que en principio es el plazo máximo que puede pasar desde que se pagó el impuesto hasta que se pone la reclamación, la cifra asciende a esos más de 8.300 millones que ahora son susceptibles de ser revisados y, en su caso, reembolsados a los afectados.

Sin embargo, casi con total seguridad la cantidad que finalmente se reintegre no será tan abultada ya que, aunque la sentencia afecta a los años en los que más cayeron los precios de los inmuebles como consecuencia del fin de la burbuja inmobiliaria, parece difícil que todas las ventas se cerrasen con pérdidas. Pero aún así, «creemos que la cifra final de reembolsos estará entre los 4.000 y 5.000 millones», explica José Baltasar Plaza, socio de Bufete Rosales.

La tasadora Tinsa, por su parte, afirma que el número total de afectados será superior a los 550.000, y añade que los municipios más afectados están en la Comunidad de Madrid, con unos 76.500 casos, y las provincia de Barcelona, con más de 56.000, y Alicante, con 47.500.

Todas estas cifras, por lo tanto, muestran la magnitud y trascendencia de la decisión que ayer tomó el Tribunal Constitucional, que puede hacer que el impuesto de plusvalía se convierta en las cláusulas suelo de los ayuntamientos. La diferencia, evidentemente, es que las devoluciones y compensaciones a los afectados se tendrán que hacer con dinero público.

Por ello, tanto el Ministerio de Hacienda como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) están ya trabajando para, primero, realizar las modificaciones legislativas necesarias y, segundo, decidir cómo enfrentar el alto número de reclamaciones y reintegros a los que se van a enfrentar. En este proceso será clave el documento que la FEMP debe remitir antes del fin de mes al Gobierno con sus propuestas y estimaciones de impacto.

«Hasta el momento, los ayuntamientos están obligando a seguir la vía contenciosa-administrativa», explica Plaza, algo que a partir de ahora podría cambiar ya que, en su opinión, lo decretado por el TC hace que «estén ganadas el 100% de las reclamaciones que se ajusten a la sentencia». Sin embargo, el socio de Bufete Rosales descarta que, al menos de momento, se habilite un mecanismo de pago como el de la salida a Bolsa de Bankia o las cláusulas suelo.

Por lo tanto, lo primero que deben hacer los contribuyentes que han tenido que pagar el impuesto de plusvalía tras cerrar la venta de un piso con pérdidas es presentar, ante el ayuntamiento correspondiente, un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos. En esta reclamación deberán incorporar el importe abonado, y con este paso se podrá en marcha la vía administrativa. El ente local en cuestión deberá fijar un plazo para darle una respuesta al afectado, que si no está de acuerdo con la misma podrá acceder al procedimiento judicial.

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El precio de las casas sube con fuerza.

La vivienda recupera los niveles de 2004 pero ahora se venden la mitad de casas. Ha subido el precio de la vivienda un 7,7%. Noticia proporcionada por el periódico El Mundo

El precio de la vivienda recupera los niveles de 2004 y no se aprecia ninguna tendencia clara que propicie una subida «alarmante» de los precios, pero se venden la mitad de casas que entonces, aunque la demanda de vivienda presenta «signos claros de recuperación». Éstas son algunas de las conclusiones del Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2017, elaborado y publicado por la tasadora Eurovaly su Instituto de Análisis Inmobiliario.

Este estudio muestra que la comparación entre los años 2015 y 2016 sigue sin mostrar ningún patrón en el comportamiento de los precios por metro cuadrado, pues estos suben y bajan territorialmente respondiendo a características concretas de los mercados locales.

«Como estas subidas o bajadas no son significativas, se puede hablar en general de una estabilidad en el valor de los activos residenciales», destaca el informe. Así, durante 2016 los precios mínimos por metro cuadrado subieron en 29 capitales de provincias y los máximos lo hicieron en otras 27 (con Barcelona, Madrid y Bilbao como ciudades más destacadas), mientras que en 18 capitales coincidieron subidas tanto de precios máximos como mínimos.

En valores absolutos y a nivel nacional, los precios mínimo y máximo del metro cuadrado se situaron en 2016 en 599 y 2.886 euros, con pequeño ascenso, respecto a 2015, de 1,8% y 1,1%, respectivamente. «Esta evolución puede deberse a la situación del mercado, que sigue en niveles relativamente bajos en cuanto a transacciones», explica el informe.

De esta manera, el informe da por prácticamente concluido el período de descenso en el valor de la vivienda en relación a los precios medios del bienio 2006-2008, que se corresponden con los más altos de la serie.

No obstante, también señala que este ajuste seguirá produciéndose, aunque de manera «más moderada y específica», espacialmente, por tipo de vivienda, y con diferencias puntuales según se trate de precios mínimos o máximos. En 2016 ha sido el caso, por ejemplo, de San Sebastián, Huelva, Teruel, Guadalajara, Huesca, Oviedo y Cuenca, con descensos en los precios de más del 5%, cuando en 2015 la evolución fue justo la inversa.

Por el contrario, Madrid, Barcelona, Valladolid, Pamplona, Ourense, Cáceres, Vitoria o Valencia experimentaron subidas de más del 5% en 2016. Sólo en nueve capitales de provincia los precios permanecieron invariables con respecto al pasado año (Zaragoza, Almería, Toledo, Lleida, Salamanca, Soria, Alicante, Logroño y Zamora).

Máximos y mínimos

El informe de Euroval también analiza en qué precios mínimos y máximos se encuentra el mayor porcentaje de viviendas a la venta en España con base a 10 intervalos de precios iguales por cada capital de provincia. La principal conclusión de este análisis es que este porcentaje se concentra en los cuatro primeros tramos de la escala, a pesar de que el primer intervalo, donde están las casas más baratas, haya perdido relevancia. Idéntica situación se registra para las viviendas ofertadas en provincias.

Por otra parte, los últimos tramos de la escala, donde están las viviendas más caras, nunca han representado un porcentaje significativo. Por ejemplo, en el caso de Madrid y Barcelona los dos últimos intervalos de la escala de precios definida para cada una de estas ciudades solo suponen el 2% de las viviendas puestas a la venta.

Estos porcentajes, con pequeñas variaciones, se mantienen en el resto de las capitales de provincia, excepto en San Sebastián y Jaén donde son del 7% y 31%, respectivamente, aunque con diferencias muy fuertes en precios absolutos.

Tendencia al alza «sostenida» en compraventas

De igual forma, Euroval constata que la tendencia al alza en el volumen de compraventas de vivienda en España «puede considerarse sostenida», si bien relativiza la intensidad del incipiente despegue inmobiliario, que se debe principalmente a la vivienda usada. 

Esta situación explicaría, en opinión de los autores del informe, la lenta reducción del stock de vivienda nueva, por una parte, y la falta de promoción, por otra. De hecho, el informe destaca que «por cada vivienda nueva vendida en España existen ocho transacciones de vivienda de segunda mano».

En conjunto, el número de viviendas vendidas en España en 2016 creció un 13,9%, hasta alcanzar las 457.000 unidades. Cataluña y Baleares son las dos comunidades autónomas donde más crecieron las ventas en relación a 2015, un 20%, mientras que en Aragón y La Rioja fue donde menos, con incrementos por debajo del 5%.

El mayor número de operaciones sigue dándose en Andalucía, que representa el 18,3% del total, seguida de Cataluña (16%) y la Comunidad Valenciana y Madrid (en torno al 14,5% ambas). En estas cuatro autonomías se concentra el 64% de todas las transacciones de viviendas que se formalizan en España.

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Ayudas que facilitan el acceso a una vivienda

El Gobierno impulsa, entre otras, subvenciones generalizadas al alquiler, la compra e incentivos para los promotores de pisos en régimen de arrendamiento. Noticia  publicada por el periódico El Mundo

El Gobierno presentó el pasado 4 de mayo el borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el documento marco en el que se establecen las directrices políticas para el sector residencial. El ministro de Fomento -departamento del que depende el área gubernamental de Vivienda-, Íñigo de la Serna, hizo la puesta de largo de las líneas estratégicas y principales novedades de la hoja de ruta inmobiliaria fijada por el Ejecutivo para los próximos cuatro años.

Con respecto al Plan 2013-2016, prorrogado hasta 2017, las diferencias son importantes. A la vista de varias de las iniciativas, queda patente que el Ejecutivo es muy consciente de la complicada posición de los jóvenes en el mercado de la vivienda, tanto en el primer acceso en propiedad como en alquiler. El texto pone de manifiesto que Fomento presta «especial atención a los jóvenes», como se puede leer. Los mayores y los amenazados por desahucios, los otros principales destinatarios del Plan.

Por áreas, el Plan de Vivienda 2018-2021 vuelve a girar en torno a dos ejes fundamentales: el alquiler y la rehabilitación. Dos materias en las que España ha progresado mucho en los últimos años y que parece que el Gobierno pretende seguir potenciando en un momento en el que el sector inmobiliario está inmerso en un nuevo ciclo, que mira más allá de la vivienda en propiedad y de la nueva construcción. Para dar consistencia a sus planes en vivienda, el Ejecutivo ha diseñado una gran batería de ayudas.

El alquiler, el gran protagonista

A nivel general, el Estado pagará hasta el 40% del alquiler de una vivienda habitual con un precio de hasta 600 euros (o hasta 900 «en casos justificados») a los hogares con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) -esto es, 19.170,39 euros anuales si se cobran 12 pagas y 22.365,42 si se reciben 14-. Como novedades, se elimina el límite de 2.400 euros al año y aumenta el plazo a percibir la subvención a tres años -actualmente, uno prorrogable a otro más-.

Por «casos justificados», De la Serna explicó en la presentación del Plan que se entienden los «lugares donde la cifra de 600 euros no encaja con la realidad del mercado». El ministro mencionó ciudades como Madrid, Barcelona o Ibiza.Además, en el caso de los jóvenes (menores de 35 años), la subvención al arrendamiento llega hasta el 50% de la renta.

La compañía Alquiler Seguro ensalza los nuevos pasos dados por el Ejecutivo en el mercado. Sobre todo, el incremento de 600 a 900 euros del coste máximo de los arrendamientos con opción de ayuda. «Creemos que este extremo es beneficioso, pero, como ha dicho el ministro, es una política que viene provocada por el cambio de tendencia en el coste de las rentas en muchos lugares», razona Antonio Carroza, consejero delegado de la firma. Éste solicita «simplificar la burocracia y adaptar los procesos a las nuevas tecnologías para evitar que pedir esta ayuda sea un lastre».

Más críticos sobre las ayudas al arrendamiento se muestran desde el Consejo de la Juventud de España (CJE), donde ven un error apostar sólo por subvenciones directas -«un flotador de dinero público al sector empresarial»- al considerar que éstas acaban subiendo las rentas. «Bajo la apariencia de la promoción del alquiler, se puede estar generando una subida de precios que lo haga aún más inaccesible para una juventud empobrecida», avisa Víctor Reloba, vicepresidente del CJE y responsable del Área Socieconómica.

El propio De la Serna salió al paso de las críticas en este sentido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado miércoles. El ministro de Fomento señaló que el Gobierno busca el «fortalecimiento» del mercado del alquiler e indició en que el nuevo Plan de Vivienda pretendeincrementar la oferta, por ejemplo, con las subvenciones a los promotores privados, lo que «ayudará a regular los precios».

Igualmente, los mayores de 65 años con ingresos inferiores a tres veces el Iprem podrán acceder a una ayuda de hasta el 50% de la renta mensual durante tres años si no tienen una vivienda en propiedad y su patrimonio es inferior a 100.000 euros. Además, los propietarios mayores que cumplan estos mismos requisitos disfrutarán de una subvención de hasta 200 euros al mes para los gastos de mantenimiento, comunidad o suministros de su hogar.

El Gobierno también articulará un programa de viviendas para mayores con el objetivo de impulsar la promoción de edificios y complejos residencialesadecuados, subvencionando su construcción. A estos pisos podrán acceder los mayores de 65 años, con ingresos inferiores a 4,5 veces el Iprem (28.755,5 euros si se tiene 12 pagas y 33.548,1 si se cobran 14), sin casa en propiedad y con un patrimonio inferior a 200.000 euros. Estos inmuebles tendrán que ser alquilados durante un mínimo de 40 años por una renta máxima de 9,5 euros mensuales por metro cuadrado útil.

Ayuda a los jóvenes para la compra

Por otra parte, la gran noticia para los jóvenes llega en forma de ayuda a la compra. Los menores de 35 años (en el momento de la solicitud) que decidan adquirir una casa, libre o protegida, recibirán hasta 10.800 euros, con un límite del 20% del valor el inmueble. Los beneficiarios deberán tener ingresos inferiores a tres veces el Iprem, no ser propietarios de otra vivienda y ocupar la vivienda subvencionada como residencia habitual durante un mínimo de cinco años.

Esta medida es aplaudida por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), desde donde se destaca que el Ejecutivo ha diseñado un Plan «continuista, pero mejorado respecto al anterior y con una clara intención de fomentar el acceso a vivienda en alquiler y en compra para jóvenes». «Es importante que esta demanda pueda contar con una ayuda a la entrada de 10.800 euros, ya que muchos no tienen ahorros para hacer frente a las cantidades que no forman parte de la hipoteca», indica Daniel Cuervo, secretario general de APCE.«Aun así», prosigue, «nos parece insuficiente que las rentas que pueden disponer de esta ayuda no superen tres veces el Iprem, puesto que los precios de las casas son muy distintos en el territorio nacional».

Desde el CJE se celebra, en parte, esta predisposición del Ejecutivo ante los jóvenes. «El CJE considera positivo que el Gobierno recupere la iniciativa en una situación grave para la juventud como es la imposibilidad de emanciparse», afirma Reloba. No obstante, ve preocupante que no se extraigan lecciones de la crisis inmobiliaria y se vuelva a apostar tan fuerte por la compra, debido al elevado riesgo de endeudamiento a medio y largo plazo que genera. «Sería una condena y no una ayuda dar a nuestra generación un empujón económico a la compra para luego abandonarlos a toda una vida de endeudamiento bajo la amenaza constante del empleo precario», advierte Reloba.

Esta medida tampoco recibe la aprobación de Alquiler Seguro, que la se tilda como «desafortunada». «Los jóvenes no quieren adquirir una vivienda. Es un colectivo que reclama soluciones que sólo pasan por el arrendamiento», asevera Carroza.

La respuesta a estos reproches ha sido muy explícita por parte de De la Serna: «Por un lado, critican las ayudas al alquiler y, por otro, también las ayudas a la compra. No sé qué tipo de Plan de Vivienda quieren. Tratamos de ayudar a que la gente pueda acceder al mercado de la vivienda».

Parque público/privado de alquileres

Otra de las grandes apuestas del Gobierno, también relacionadas con el alquiler, pasa por la creación de un parque de pisos en este régimen de titularidad pública y/o privada. Aunque esta propuesta es un clásico en todos los planes de vivienda, ahora se introduce un cambio relevante: las ayudas podrán llegar al sector promotor privado. El Estado aportará hasta 350 euros por metro cuadrado útil, con un límite del 50% de la inversión y de 36.750 euros por vivienda, a las administraciones, empresas públicas o privadas, etc. que impulsen este parque. Estos inmuebles, con una renta tope de siete euros al mes por metro, estarán sujetos a 25 años a arrendamiento y se destinarán a inquilinos con unos ingresos de hasta 4,5 veces el Iprem.

Para los promotores, esta ayuda a la edificación de vivienda en alquiler es una de las medidas más significativas del nuevo Plan. «Es un incentivo sólido para atraer inversión siempre y cuando exista financiación a largo plazo», afirma satisfecho Cuervo.

En este sentido, el CJE defiende que es vital apostar por la vivienda social en alquiler porque España tiene un parque «ridículo» del 1,1%. Este organismo comparte que las ayudas a la creación del parque privado de vivienda vayan vinculadas a «topes máximos en los precios», pero cree que «es fundamental tener en cuenta las diferencias entre municipios y zonas». «Si no se toman medidas efectivas, seguirá empeorando la situación. Es el momento de ser contundentes y, en vez de reavivar un modelo fallido, sancionar tanto a los grandes tenedores de vivienda como incentivar para que aflore la vivienda vacía en alquiler, así como poner el parque de la Sareb en arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda», dice Reloba.

Potenciar (más aún) la rehabilitación

Junto al alquiler, el impulso a la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética de las casas es otro gran pilar del Plan 2018-2021. En este apartado, las ayudas se amplían tanto en tipología como en importe. Ahora también llegarán a unifamiliares y la cuantía a recibir crece hasta los 12.000 euros en viviendas unifamiliares y 8.000 en plurifamiliares -importes que se incrementarán en 1.000 euros si el inmueble es un Bien de Interés Cultura (BIC)-, con un límite del 40% de la inversión con carácter general y del 75% para ingresos menores a tres veces el Iprem y personas con movilidad reducida o mayores de 65 años si las actuaciones se complementan con obras de accesibilidad. Los inmuebles objeto de ayuda deben ser anteriores a 1996 -en el Plan actual, 1981-, estar destinados en un 70% a uso residencial y el 50% de las casas (antes el 70%) ser domicilios habituales.

La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr)valora positivamente el Plan y la parte que afecta a su ámbito. José Carlos Greciano, secretario general de Anerr, espera que los trámites con todas las administraciones se agilicen para que pueda entrar en vigor en plazo y, sobre todo, que disponga de presupuesto. «El incremento del número susceptible de viviendas que pueden recibir ayuda -más de 18 millones-, debido a la ampliación de la antigüedad y a la disminución de porcentaje de uso, tiene que venir aparejado de una mayor dotación económica. En anteriores planes, esta partida se ha quedado corta y no ha habido fondos para cubrir la necesidad y dar subvención a todos los que cumplían los requisitos», recuerda.

Este experto en rehabilitación aboga, por otra parte, por la máxima transparencia de las ayudas a nivel administrativo y de gestión para que realmente tenga efecto. «Deberían plantearse mejoras que eviten la alta disparidad de ejecución en función de la comunidad autónoma y es necesaria una continuidad y certidumbre en cuanto a cuándo van a estar disponibles las ayudas», apunta. Así, aboga por «un plan con convocatorias continuadas y abiertas que transmita seguridad al ciudadano para que afronte sin reservas una rehabilitación».

Greciano también solicita que se concreten los mecanismos de concesión de préstamos por los bancos. «Estos tienen que funcionar de palanca de cambio para posibilitar actuaciones que, incluso teniendo subvenciones, no se llevan a cabo», señala, al tiempo que lamenta que se lleva mucho hablando de este problema, pero sin llegar a materializarse una buena solución.

En esta misma línea, el Ejecutivo lanza un programa de fomento de la conservación y mejora de accesibilidad en viviendas, tanto en bloque como unifamiliares. Al igual que para la eficiencia energética, pueden beneficiarse desde comunidades de propietarios a particulares pasando por cooperativas, empresas constructoras, etc. El importe de esta subvención asciende a 2.000 euros por vivienda si sólo se somete a trabajos de conservación y hasta 6.000 euros si la obra además mejora la accesibilidad (1.000 euros más si es BIC).

En este apartado, la regeneración y renovación urbana y rural es otra de las preferencias para el Gobierno. Los impulsores de estas actuaciones en un ámbito delimitado (a ejecutar en un plazo máximo de cinco años, actualmente tres) disfrutarán de un amplio paquete de ayudas a la rehabilitación, a la renovación o nueva construcción, a la urbanización, al realojo, etc. De nuevo, se flexibilizan los requisitos. Por ejemplo, se rebaja la cifra mínima de viviendas el ámbito a renovar de 100 a 50.

Según Greciano, esta regeneración urbana habría que dotarla de más ayudas específicas que permitan actuaciones en ámbitos mayores y con más criterios de ciudad. «Debería seguir incluyéndose en el Plan un programa de regeneración urbana para hacer las urbes sostenibles y competitivas, que existía en el anterior Plan y se ha eliminado», comenta.

Arrendamientos gratis para desahuciados

Otras medidas que aparecen en el borrador del Plan pasan por abonar las ayudas para el pago de las cuotas de préstamos convenidos de anteriores planes y un programa para personas con bajos recursos en riesgo de desahucio de su casa habitual. Para los segundos, el Gobierno pondrá pisos de la Sareb y de bancos en alquiler a su disposición. La renta de estos inmuebles irá de 150 a 400 euros mensuales y podrá ser cubierta al 100% durante dos años prorrogables.

Por el momento, Fomento no ha especificado ni cómo se pagarán las ayudas ni el presupuesto con el que contará el Plan. Desde el departamento de De la Serna tan sólo se especifica que «se flexibiliza la gestión» y las comunidades autónomas podrán abonarlas con la periodicidad que consideren y convocarlas en régimen de concurrencia competitiva o en procedimiento abierto. De esta manera,el documento presentando por el Ejecutivo parece un punto de partida base cuya aplicación aún está por perfilar.

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La tecnología revoluciona el mundo residencial

La tecnología ha terminado por entrar en un sector tradicionalmente resistente al cambio, facilitando a los usuarios la toma de decisiones. Noticia publicada por el periódico El Mundo

La transformación digital es un proceso que afecta a múltiples facetas de la economía y que nadie cuestiona, ya que la tecnología forma parte activa de la vida de los ciudadanos. Palabras como 3D, aplicación -o app– y realidad virtual se han vuelto cotidianas y no resultan lejanas ni para un sector tan tradicional como es el inmobiliario.

En los años 2000 se produce el primer hito de la digitalización del mercado inmobiliario con el nacimiento de los primeros portales de compraventa y alquiler de casas. Desde entonces, la modernización del mercado ha ido de la mano del avance tecnológico encontrándose con las reticencias propias de la cara más tradicional del sector, ligada a la intermediación. Las nuevas herramientas juegan, precisamente, a favor de la desintermediación.

Pero esta transición inmobiliaria hacia la era digital se ha visto acelerada con el auge de la tecnología móvil y de las startups, que gozan de ese marcado carácter digital. Tanto es así que, en los últimos meses, se ha acuñado el término PropTech (del inglés, property y technology; esto es, propiedad y tecnología), que pretende dar cabida a la empresas tecnológicas que operan en el mercado inmobiliario y lideran su digitalización.

En este sentido, a nivel tecnológico se atisban tres piedras angulares que marcan la disrupción y dinamizan el mercado: las apps, la modernización de los marketplaces y el big data.

Aplicaciones móviles

Lo virtual nunca había sido tan real. ¿Quién se sorprende de que se busque piso a través de un smartphone, de que se pueda visitar una futura casa sin moverse del sofá o de poder encender la calefacción antes de llegar a casa? «La tecnología está transformando la forma en la que se comercializan los activos inmobiliarios, aporta mejoras constantes y mayor eficiencia en todas y cada una de las fases de la cadena de valor del proceso», explica Carlos Álvarez Ramallo, Agency Relationship Manager de Google España.

De este modo, ya existen tantas aplicaciones inmobiliarias como vertientes tiene el sector. Herramientas que, al fin y al cabo, facilitan enormemente la toma de decisiones y hacen más sencillo el trabajo de los diferentes actores del mercado: propietarios, inquilinos, compradores, administradores de fincas, agencias inmobiliarias, promotores o inversores. Todos se ven beneficiados de las nuevas tecnologías.

«La tecnología ayuda a automatizar procesos y permite que las personas se centren en aquellas tareas que son realmente de valor, como son la relación humana, cercana y empática con el cliente», reconoce Álvarez Ramallo.

Conscientes de que lo digital es el futuro -y el presente-, desde Google han impulsado el proyecto Estrategia de Transformación Digital Inmobiliaria de España, que contempla soluciones desde el punto de vista del producto, de la venta y operacional, al tiempo que animan a los altos directivos de empresas inmobiliarias y constructores a «asumir como propia la tarea de liderar la transformación digital dentro de sus compañías».

En cuanto a las nuevas tecnologías, las herramientas más revolucionarias son las que aprovechan la técnica de la realidad virtual, como Matterport, pero también hay algunas aplicaciones, como Tudomus, que se basan en la economía colaborativa y permiten a cualquier usuario asumir funciones propias de un agente inmobiliario o de un inversor. Otras aplicaciones, como BadiApp, funcionan como red social.

Por otro lado, para aquellos que estén pensando en comprar o vender un inmueble, tienen otras tantas aplicaciones orientadas a optimizar este proceso. Por ejemplo, Goolzoom. Basada en la geolocalización, también se posiciona Relocation Assistant. Mientras que Housfy, por su parte, brinda al vendedor la posibilidad de registrar su vivienda en la plataforma y eliminar la necesidad de recurrir a agencias tradicionales. Por el contrario, si el usuario busca piso (para comprar o alquilar) puede descargar la app BeFinders.

Entrando en el terreno de la domótica hay diferentes avances, como los comercializados por la línea Google Home, que permiten controlar la vivienda dando órdenes a un dispositivo. «La innovación incorpora elementos que mejoran la calidad de vida de las personas, como sensores de humo, termostatos inteligentes o impresoras 3D, entre otros», explica Álvarez Ramallo.

En este punto, cabe destacar además que el éxito de las aplicaciones no se limita a la búsqueda de una vivienda, sino que va más allá. Algunas empresas como Wayfair o Ikea ya ofertan en su catálogo la posibilidad de simular cómo quedarían los muebles en el nuevo hogar a través de la tecnología de realidad aumentada. Otros procesos tan cotidianos -y muchas veces tediosos- como las reuniones de vecinos se han digitalizado. Aplicaciones como FincasOn o Colindar permiten la entrega de actas on line y la votación de los diferentes puntos del día.

Nuevos modelos

50 euros. Este importe representa el principal requisito para convertirse en inversor inmobiliario. Gracias, otra vez, a las nuevas tecnologías. Innovación que permite lo impensable: que un usuario de a pie, sin apenas conocimientos sobre el mercado, pueda invertir en un proyecto inmobiliario a través del sistema de crowdfunding o micromecenazgo.

Se trata del modelo Housers, impulsado por dos emprendedores españoles que aterrizaron en el sector para intentar transformarlo. Fueron conscientes de que revolucionar el mercado inmobiliario no sería fácil. «Siempre hay que convencer, intentar entrar en diferentes normativas que no están adecuadas al momento y superar barreras», reconoce Álvaro Luna, socio fundador de esta compañía.

En esta plataforma, definida como el primer portal de inversión inmobiliaria, el usuario se registra, analiza los diferentes proyectos disponibles, transfiere los fondos a su cuenta y comienza a invertir. Así de sencillo. Después, durante el proceso, el inversor puede seguir la evolución de su proyecto e ir recogiendo ingresos. «Para el sector inmobiliario supone una mejora porque permite acceder a nuevos jugadores. Hay más gente dispuesta a acceder a la compra, venta o reforma de inmuebles», asegura Luna.

En el caso de los portales inmobiliarios tradicionales, estos han pasado de ser un mero contenedor de oferta para convertirse en una completa herramienta que sirve para acelerar los procesos de compraventa y alquiler. Algunos de ellos, incluso, ofrecen servicios de asesoría y gestión hipotecaria y herramientas para profesionales.

«Las nuevas tecnologías se han convertido en nuestro principal foco de atención porque tratamos de adelantarnos a las necesidades de los usuarios», asegura Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa. En el marco de la digitalización, este portal fue el primero en crear una app dirigida a dispositivos móviles y un 62% de su tráfico ya le llega de la aplicación.

Fotocasa, además, ha impulsado dos funcionalidades que demuestran que el mercado vive su momento más tecnológico. La primera, un chat sobre el alquiler. «Este mercado está muy pujante y los pisos vuelan, por lo que resulta muy útil ofrecer la posibilidad de que ambas partes contacten al instante», remarca Toribio. La segunda es Dibuja tu zona, que permite al usuario acotar los límites de determinadas zonas de un barrio al buscar un piso. «Sólo con tocar la pantalla, el usuario dibuja el perímetro de una zona, incluyendo las calles que prefiere y descartando las otras áreas», explica.

‘Big data’

El big data, entendido como el manejo y el análisis de un gran volumen de datos, es la principal baza de la digitalización del sector inmobiliario. Empresas comourban Data Analytics (uDA) concentran sus esfuerzos en conocer el mercado a tiempo real a golpe de dato con el objetivo de beneficiar a todas las partes y aportar transparencia. «El mercado es completamente opaco y ese oscurantismo provoca una diferenciación en el poder entre el propietario y el comprador», detecta Carlos Olmos, socio fundador de uDA.

Además, la analítica de datos permite adelantarse en el tiempo y hacer que inversores y promotores eviten riesgos. De hecho, es un indicador fiable para anticipar posibles burbujas y crisis. «El big data hubiera minimizado el impacto del boom por su facilidad para adelantar síntomas», asegura Olmos.

Es justamente en el manejo de los datos donde está el gran reto del big data: priorizar la calidad antes que la cantidad. «A un usuario no se le puede abrumar con gran cantidad de información en forma de tablas y gráficos. Hay que darle el dato concreto de forma exacta y en el momento en que lo necesita», reconoce Olmos.

El recorrido del big data es aún corto, pero la evolución que se ha observado en el último año es exponencial y ahora los servicios de firmas como uDA son ya requeridos por las grandes empresas. «Al principio, algunos agentes del sector nos veían como competencia, nos ponían barreras de entrada porque creían que canibalizábamos parte de su negocio», recuerda Olmos.

«En el último año», remarca, «muchas compañías han asumido que debemos ser palanca para su diferenciación y su avance en el sector». «Las grandes consultoras han visto en el big dataun filón para reducir costes en un proceso que antes les llevaba mucho tiempo», asegura Olmos. En términos de futuro, Olmos predice un cambio radical en los líderes de mercado, tanto a nivel de consultoras como de tasadoras y promotores, debido a estas disrupciones tecnológicas.

De esta manera, y ante la inevitable y recomendable modernización del mercado de la vivienda, el triple objetivo de las nuevas tecnologías en la actual era digital inmobiliaria parece claro: facilitar los procesos, aportar transparencia al mercado y simplificar las tareas de todos los actores del sector inmobiliario.

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Se comprueba en las estadísticas que el mercado de las viviendas atraviesa un buen momento

Con esta noticia publicada por el periódico El Mundo, podemos ver como el mercado de las viviendas crece, la compraventa aumenta, los precios suben y la firma de nuevas hipotecas para adquirir una casa se incrementa.

El mercado de la vivienda atraviesa por un momento dulce que se percibe, principalmente, en las estadísticas: más compraventas, precios más altos e incremento en la concesión de nuevas hipotecas. Durante el mes de febrero de este año 2017, se registró un 9,9% más de transacciones en tasa interanual, las casas se revalorizaron un 2,5% y se firmó un 2,5% más de préstamos para la adquisición de pisos, según la estadística inmobiliaria del Consejo General del Notariado.

Exactamente, la compraventa de vivienda se situó en febrero en 38.176 transacciones. Por tipo de casa, la venta de pisos mostró un incremento interanual del 11,2% y la de pisos de precio libre del 12,9%. Este aumento de las operaciones en el régimen libre se debió, exclusivamente, a la expansión de las ventas de pisos de segunda mano (14,5%), ya que la venta de pisos nuevos se redujo un 1,7% interanual. Por su parte, la venta de unifamiliares mostró un incremento del 5,1%.

En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en febrero costó 1.305 euros, reflejando así el citado encarecimiento del 2,5% interanual. Esta apreciación se debe tanto a la subida del precio de los pisos (2,6%) como de los unifamiliares (1,9%). En concreto, el metro cuadrado de los pisos de precio libre aumentó un 2,3% -en la segunda mano se situó en los 1.426 (2%) y en los nuevos en 1.809 euros (8,7%)-.

La tercera de las variables al alza relacionada con el mercado de la vivienda fueron los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de inmuebles residenciales, cuya contratación creció un 2,5% (16.337). Además, el importe medio de estas hipotecas subió un 0,6%, hasta los 125.445 euros. En este punto, cabe remarcar que el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 42,8% y en estas operaciones la cuantía del préstamo supuso, de media, el 77,4% del coste de la casa.

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